El 11 de mayo de 2026, la Universidad de Princeton votó de forma abrumadora, con un único voto en contra, poner fin a uno de los pilares más antiguos de su identidad académica. A partir del 1 de julio, todos los exámenes presenciales deberán contar con un profesor presente como supervisor. La decisión entierra el código de honor instaurado en 1893, que durante más de un siglo permitió a los estudiantes rendir pruebas sin vigilancia, confiando únicamente en su palabra.

Una encuesta realizada entre el alumnado del último año reveló las grietas profundas de ese sistema. El 29,9 por ciento de los estudiantes admitió haber cometido fraude académico durante su carrera. Un 44,6 por ciento presenció alguna falta al código de honor y optó por no denunciarla. Solo el 0,4 por ciento llegó a reportar a un compañero. Michael Gordin, decano de la facultad de pregrado, escribió al cuerpo docente que la inteligencia artificial y los dispositivos electrónicos personales han vuelto las trampas “prácticamente indistinguibles de una conducta normal durante el examen”. Añadió que los alumnos evitan denunciar por miedo a ser expuestos en redes sociales.

Tres semanas antes del voto en Princeton, el Senado Académico de Stanford también aprobó por unanimidad una política que autoriza a los profesores a supervisar los exámenes presenciales. Un modelo basado en la confianza mutua sobrevivió a dos guerras mundiales, al caso Watergate y al auge de internet, pero se ha quebrado frente a la inteligencia artificial.

A finales del siglo XIX, las trampas eran una batalla subterránea entre alumnos y profesores. En enero de 1893, varios estudiantes de último año propusieron eliminar la vigilancia y sustituirla por un compromiso de honor, inspirados en su experiencia en la escuela Webb de Tennessee. La resolución adoptada por los docentes establecía un mecanismo radical: los exámenes se rendirían sin supervisión alguna y cada estudiante firmaría al final de la prueba una declaración jurada. “Declaro bajo mi honor de caballero que en este examen no he dado ni recibido ayuda”, rezaba el texto original. La primera prueba bajo el nuevo régimen fue un examen de literatura inglesa y la prensa nacional la calificó como un éxito rotundo.

El escritor F. Scott Fitzgerald, admitido en Princeton en 1913, describió más tarde la fuerza de aquella tradición: violar el código de honor era una idea que “simplemente no se te pasaba por la cabeza, igual que no le registrarías la cartera a tu compañero de cuarto”. La costumbre perduró cuando la universidad se volvió mixta en 1969 y se eliminó la palabra “caballero” del juramento. El núcleo se mantenía intacto: los profesores abandonaban el aula, los estudiantes se comprometían a no copiar y a denunciar cualquier infracción, y un tribunal de pares juzgaba los casos.

Ese equilibrio empezó a desmoronarse cuando las cifras mostraron que casi uno de cada tres estudiantes hacía trampa y casi la mitad de los testigos guardaba silencio. La expresidenta del Comité de Honor, Nadia Makuc, explicó los métodos más comunes: cambiar de ventana en el ordenador durante un examen digital, consultar el teléfono bajo el pupitre o fingir una pausa para ir al baño. Distinguir esas acciones de un simple gesto de concentración se volvió imposible. Además, en aplicaciones anónimas del campus se presumía abiertamente de violar las normas, lo que generaba la sensación de que respetar el código era un acto ingenuo. Makuc afirmó que la percepción de que muchos hacen trampa empuja a más gente a hacer trampa.

Los datos internos respaldan esa impresión. Durante el curso 2024-2025, los comités disciplinarios encontraron responsables de faltas académicas a 82 estudiantes, un incremento del 64 por ciento en tres años. Pero incluso esa cifra oculta una realidad mayor, ya que el 28 por ciento de los encuestados del último año reconoció haber usado ChatGPT en trabajos donde no estaba permitido. Un profesor de historia contó que desde una cafetería vio a un alumno copiar respuestas directamente de la inteligencia artificial y entregarlas como propias.

La votación del 11 de mayo modificó los estatutos de la universidad para reemplazar la prohibición de vigilar por la obligación de que un docente esté presente. La letra de la reforma es cuidadosa: el profesor actuará como “testigo de lo ocurrido”, sin intervenir activamente durante la prueba, y elevará cualquier observación sospechosa al comité estudiantil. El juramento se mantiene, pero su espíritu ha cambiado. Michael Gordin defendió la medida ante la facultad argumentando que un número importante de alumnos y profesores había pedido un cambio ante el sentimiento de que las trampas se habían normalizado.

La propia Makuc escribió en un artículo de opinión: “Fui presidenta del Comité de Honor. Es hora de introducir la supervisión”. Sostuvo que la medida no es un castigo, sino una prevención acorde con la realidad actual. Jill Dolan, decana de la facultad de pregrado hasta 2024, lo resumió con una frase: “Es una lástima, pero es necesario”.

No todos comparten ese diagnóstico. El profesor de física Jason Puchalla apoyó el cambio, pero advirtió que sería triste educar partiendo de la base de que los estudiantes siempre están haciendo trampa. Varios alumnos propusieron alternativas como confiscar los teléfonos y las mochilas sin necesidad de que un profesor permanezca en la sala. Un estudiante de último año, William Aepli, señaló que una cosa es empezar con vigilancia y otra muy distinta es perder una tradición de autogestión construida durante generaciones.

Fuera del campus, las voces críticas también se hicieron notar. Alex Kontorovich, matemático y exalumno, recordó en redes sociales el intenso adoctrinamiento que recibió al ingresar: una semana redactando un ensayo sobre las consecuencias del fraude y la obligación de denunciar. “El resultado era que la gente realmente no hacía trampa. Fue algo verdaderamente especial. Es una lástima ver cómo la cultura de Princeton se degrada aún más”, escribió.

El profesor de ciencias de la computación Elad Hazan, codirector del laboratorio de inteligencia artificial de Google en Princeton, se opuso a la medida al considerar que la universidad no debería renunciar a la confianza como herramienta educativa. Sostuvo que enseñar integridad y responsabilidad debe seguir siendo el núcleo de la formación, incluso en la era de la IA.

Anthony Grafton, profesor emérito de historia, apuntó al dilema íntimo de cada alumno: “Es una tentación. Puedo imaginar a ese estudiante con el diablo en un hombro y el ángel en el otro”.

El movimiento no es aislado. Stanford aprobó su propia política a finales de abril, aunque con un matiz: allí los docentes están autorizados a vigilar, pero no obligados. La argumentación incluyó la necesidad de aliviar a los alumnos de una carga moral que se había vuelto insostenible. La profesora Soo-Young Kim explicó que el sistema anterior obligaba a los jóvenes a emitir juicios para los que no estaban preparados, generando un clima de sospecha mutua.

Christian Moriarty, director del Centro Internacional para la Integridad Académica, señaló que alrededor de un tercio de los estudiantes universitarios en Estados Unidos admite usar IA para completar trabajos enteros. Describió una escalada que muchos llaman “carrera armamentista”: los profesores recurren cada vez más a exámenes escritos a mano en cuadernos azules, pruebas orales y detectores de IA, mientras que los alumnos pasan sus textos por esos mismos detectores antes de entregarlos para no ser descubiertos. Moriarty advirtió que la creencia de que todo el mundo hace trampa genera un círculo vicioso que normaliza el fraude y corroe el pensamiento crítico. “¿Dejarías que te opere un médico que pasó toda la carrera usando IA? ¿Contratarías a un abogado que aprobó el examen de acceso con inteligencia artificial?”, preguntó.

Dentro de Princeton, la transformación ya es visible. Los exámenes para llevar a casa se redujeron en más de dos tercios en el último año. El departamento de economía exigirá defensas orales de los proyectos de investigación. Profesores de historia han sustituido los trabajos domiciliarios por pruebas escritas presenciales y exigen redactar en documentos compartidos que permitan revisar el historial de edición.

Hace ciento cincuenta años, un editorial del periódico estudiantil soñaba con que los profesores dedicasen su energía a algo mejor que a vigilar fraudes y proponía un simple juramento de honor. Hoy, ese juramento ya no basta. No porque los profesores desconfíen de sus alumnos, sino porque en la era de una respuesta al alcance de un clic debajo del pupitre, la confianza sin testigos se ha quedado sin anclaje.