El miércoles 14 de mayo, una jueza federal en Estados Unidos se negó a aprobar de inmediato el acuerdo de conciliación alcanzado entre Elon Musk y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), al identificar lo que calificó como señales de alerta en los términos del pacto.

Magistrada Sparkle Sooknanan dejó claro durante la audiencia que no daría una aprobación rutinaria al convenio, que contemplaba un pago de 1,5 millones de dólares por parte de Musk para cerrar un litigio sobre la divulgación tardía de su participación accionaria en Twitter. Algunas cláusulas, afirmó, le generaban una profunda inquietud.

La jueza cuestionó abiertamente si el empresario estaba recibiendo un trato diferenciado en este caso e insinuó que la maniobra legal podría buscar eludir un fallo judicial desfavorable. Antes de tomar una decisión definitiva, ordenó a ambas partes presentar nuevos argumentos por escrito.

El contexto político añade otra capa de complejidad. Musk, quien se ha convertido en un importante donante y exmiembro del gobierno de Donald Trump, negocia este acuerdo en un momento en que la SEC ha mostrado una postura más indulgente hacia figuras y empresas cercanas al expresidente. Días antes de que se conocieran los detalles del pacto, la directora de la división de cumplimiento de la SEC, Margaret Ryan, presentó su renuncia luego de que los abogados de Musk revelaran que el equipo de fiscalización no estaba plenamente informado sobre las condiciones del arreglo.